Enmendar las leyes de Transparencia y Datos Abiertos, adoptar un programa de chequera abierta, crear el Registro público de gastos tributarios y fiscales, y publicar informes financieros de manera proactiva y expedita son las cuatro propuestas de la organización Espacios Abiertos (EA) con el fin de fomentar la rendición de cuentas en el gobierno.

La directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet, informó que las propuestas se ajustaron a las capacidades de cada rama gubernamental para impulsarlas. Las recomendaciones se enviaron mediante cartas dirigidas al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, a los presidentes de los cuerpos legislativos: José Dalmau Santiago y Rafael Hernández Montañez y, a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez.

“Aspiramos a una sociedad más abierta y democrática que resulte a su vez en un Puerto Rico más justo y equitativo. Para lograrlo, necesitamos un gobierno abierto que proactivamente fomente el acceso a información pública, que rinda cuentas sobre el uso de los recursos y fondos públicos, y que garantice una participación amplia y efectiva de la ciudadanía en las decisiones de política pública”, manifestó Blondet.

La misiva con las propuestas resalta la importancia de que se enmienden las Leyes 122 (Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico)  y 141 (Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública) de 2019 para atemperarlas a las mejores prácticas de gobierno abierto reconocidas internacionalmente. La base para las recomendaciones  surge del estudio “Análisis de las leyes de acceso a la información y Datos abiertos de Puerto Rico”  publicado por el Centre for Law and Democracy y el Dr. Toby Mendel.

Blondet recordó en la carta que la aprobación de ambos estatutos obvió las recomendaciones y objeciones presentadas por organizaciones y grupos estudiosos sobre los temas de transparencia. La situación se agravó cuando las leyes de transparencia se firmaron apresuradamente y sin aviso, a escasas horas de que el exgobernador Ricardo Rosselló terminara su gestión. Blondet comentó que “el resultado fue una normativa legal deficiente, pero que se puede corregir”.

“Espacios Abiertos—y las nueve organizaciones que formamos la Red de Transparencia—estamos convencidas de que un gobierno abierto es posible en Puerto Rico.  Y en que para llevar la transparencia de la palabra a la acción, hay que comenzar por corregir las deficiencias que tienen las leyes 122 y 141 y establecer una directriz ejecutiva que promueva de forma firme e inequívoca la divulgación proactiva y oportuna de la información pública.  Solamente así, podremos cambiar la cultura de opacidad que ha imperado por décadas y que atenta contra el bienestar y desarrollo de todos y todas”, mencionó Blondet.

Igualmente, exhortó a propulsar mediante orden ejecutiva y legislación la publicación oportuna y proactiva de todos los pagos y desembolsos que se hacen con fondos públicos desde cada rama gubernamental, mediante un programa de chequera abierta como el que existe en muchas jurisdicciones de los Estados Unidos y que el propio Instituto de Estadísticas de Puerto Rico tuvo hasta recientemente.

“Esta herramienta además de transparentar el uso de fondos públicos, facilitaría el acceso a la ciudadanía a dicha información y reduciría los reclamos en los tribunales por información que es y debe ser pública”, sostuvo Blondet. En las misivas se incluyó información de los programas implantados con éxito en Maryland, Nueva York, Massachusetts, Chicago y Los Ángeles a fin de que puedan servir de punto de partida para Puerto Rico.

La tercera propuesta es para se asegure la publicación periódica (anual o bienal) de un informe de todos los gastos fiscales o tributarios (Tax Expenditures Report) mediante legislación u orden ejecutiva.   Esto incluye informar los créditos contributivos otorgados, ya que es dinero que el gobierno deja de recibir. Blondet indicó que el proyecto del Senado 206, radicado recientemente por el senador Juan Zaragoza propone legislar a esos efectos.

La exhortación a los presidentes legislativos fue a publicar de manera proactiva y expedita los informes financieros que rinden anualmente los miembros y funcionarios de la Asamblea Legislativa. Blondet explicó que los Códigos de Ética aprobados por cada cuerpo legislativo limitan el acceso a información que debe ser pública. Invitó a que se revisen esos códigos y que se disponga para la publicación oportuna de la información, ya sea por la Oficina de Ética Gubernamental o por el cuerpo legislativo, de la misma manera que se hace con las dependencias de la rama ejecutiva y municipios.

En cuanto a la rama judicial, EA le propuso a la presidenta del  Tribunal Supremo adoptar el programa de chequera abierta y publicar también de forma proactiva los informes financieros de los miembros y funcionarios de la rama judicial.

“De las tres ramas de gobierno, la rama judicial ha sido la única que verdaderamente ha defendido el derecho de acceso a la información pública en Puerto Rico.  Inclusive extendiendo a este derecho el rango de derecho constitucional.  Sin embargo, todavía queda camino por andar”, señaló Blondet.

Mencionó que la Ley de Ética Gubernamental es deferente con la separación de poderes entre ramas al disponer que la Rama Judicial y la Rama Legislativa adoptarán sus propias normas en cuanto a la divulgación de informes de sus miembros. Esto supone procesos de divulgación de información dispares entre las ramas, limitando así el acceso de la ciudadanía a estos datos. Por eso, EA plantea que es meritorio revisar la reglamentación sobre divulgación de informes financieros para lograr mayor transparencia y uniformidad en la información que se hace disponible al público.

“Se han hecho avances importantes en Puerto Rico, el principal fue el reconocimiento del derecho a la información pública como un derecho constitucional, pero nos queda un largo trecho para realizar la aspiración de un gobierno abierto.  La transparencia más que promesas de campaña, requiere acción, y ahora es momento de demostrar si hay un compromiso o no de cambiar la cultura de opacidad gubernamental que ha sido semillero de la corrupción.  Las recomendaciones que hacemos no son exhaustivas.  Estas son propuestas de fácil implementación que pueden servir de hoja de ruta en dirección a un gobierno más transparente”, puntualizó la directora ejecutiva de EA.

Las propuestas de EA se dan en el contexto del Sunshine Week. Este se estableció en el año 2005 por  la Sociedad Americana de Editores de Noticias —hoy News Leaders Association—y ha tenido un continuo crecimiento en la promoción de iniciativas que promueven el gobierno abierto. La iniciativa promueve que esta semana se discuta el tema en foros locales y que se invite a las autoridades gubernamentales a aprobar proyectos o proclamas sobre la importancia de un gobierno abierto.Su misión es lograr que que lo gobiernos sean más transparentes con su ciudadanía. EA es parte de ese esfuerzo.

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