Comunidad de Playa Fortuna exige al DRNA proteger una de las últimas parcelas verdes de la zona
SAN JUAN — El Proyecto Impacto Comunitario, Inc. (PIC) presentó una Petición de Mandamus contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para exigir el cumplimiento de la Resolución Conjunta Núm. 92, vigente desde 2008, que ordena la expropiación y protección de la Parcela Núm. 162 de la Playa Fortuna, una comunidad costera severamente impactada por la erosión, el desplazamiento y la presión del desarrollo.
La acción legal, presentada el 17 de febrero de 2026 con la representación legal de El Puente Puerto Rico, solicita que el Tribunal ordene al DRNA cumplir con su deber ministerial de expropiar la parcela, la cual ha sido reconocida por su alto valor ecológico y como área de anidación de tortugas marinas en peligro de extinción. A casi dos décadas de aprobada la Resolución Conjunta Núm. 92, el mandato legislativo continúa sin ejecutarse.
La demanda surge tras años de reclamos comunitarios y gestiones formales ignoradas por la agencia. El 10 de diciembre de 2025, PIC envió una carta al Secretario del DRNA solicitando el cumplimiento de la Resolución Conjunta Núm. 92, comunicación que no ha sido contestada. Esta inacción mantiene la Parcela 162 vulnerable a nuevos intentos de desarrollo, a pesar de que propuestas similares ya han sido declaradas judicialmente incompatibles con las características del terreno.
Playa Fortuna es una comunidad especial en la costa noreste del país donde, durante décadas, múltiples familias han perdido sus propiedades o se han visto forzadas a mudarse debido al impacto severo de la erosión costera. A esta realidad se suman los procesos de gentrificación y el aumento de alquileres a corto plazo, que han ido desplazando poco a poco a las y los residentes del área.
En una costa profundamente afectada por el desarrollo, la Parcela 162 representa uno de los pocos espacios verdes que permanecen sin desarrollar. Además de servir de refugio a diversas especies, cumple una función esencial como amortiguador natural frente a marejadas y eventos extremos y es uno de los pocos espacios libres, accesibles y seguros para el disfrute comunitario. La zona está identificada como inundable según los mapas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y ha sido señalada por el propio DRNA como un área de anidaje de tinglares, especie protegida.
“En Fortuna Playa no solo viven personas, viven historias, nuestras raíces y un futuro que nos permite seguir perteneciendo a este lugar. Han pasado casi 20 años y la responsabilidad sigue intacta. No defendemos Fortuna Playa por lo que hoy vale para otros, sino por todo lo que ha significado siempre para nosotros”, expresó Beira I. García Quiñones, líder comunitaria y presidenta del Proyecto Impacto Comunitario, Inc.
Desde El Puente Puerto Rico, su director Federico Cintrón Moscoso destacó el alcance más amplio del caso. “Este caso ejemplifica la importancia de la planificación para la adaptación climática. La necesidad de un plan organizado para nuestras costas, con participación ciudadana y respeto a nuestros recursos naturales. También es un ejemplo de los peligros que traerá el Proyecto de la Cámara 25, que busca reducir la zona de protección de las costas para permitir más construcciones cercanas al mar”.
Por su parte, la abogada de El Puente Puerto Rico y representante legal de PIC, Ninoshka G. Picart Pérez, afirmó: “Las resoluciones conjuntas tienen fuerza de ley y el Gobierno tiene la obligación de cumplirlas. En este caso, el DRNA lleva casi dos décadas en incumplimiento con la Resolución Conjunta Núm. 92, y esta inacción es inaceptable. Por ello, solicitamos al Tribunal que ordene a la agencia cumplir con su deber ministerial de expropiar la Parcela Núm. 162, la cual debe ser protegida por su alto valor ecológico”.
Con esta acción legal, el Proyecto Impacto Comunitario, Inc. y El Puente Puerto Rico reiteran que la defensa de la Parcela 162 es inseparable del derecho de la comunidad de Playa Fortuna a permanecer en su territorio y de la necesidad urgente de una política de adaptación climática justa para las costas del país.
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