Comisión ciudadana reacciona a propuesta de auditoría de la deuda por el Contralor
La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público expresó preocupación sobre la propuesta del gobernador Pedro Pierluisi en delegar en la Oficina del Contralor la auditoría de la deuda y sus implicaciones en los planes de ajuste de la misma.
La organización ve con buenos ojos cualquier propuesta que adelante una auditoría independiente de la deuda pública. Sin embargo, señalan que la misma no puede ser un ejercicio simbólico.
“La auditoría no debe ser un ejercicio simbólico o fútil sino una auditoría integral, independiente, transparente y con amplia participación ciudadana para que tenga credibilidad al pueblo. La oficina del Contralor no cuenta con las herramientas para hacer una auditoría forense de la deuda, como se necesita, su experiencia ha sido con auditorias de cumplimiento. Además, la actual directora, Yesmín Valdivieso, se ha expresado en contra y ha reusado constantemente a realizar esa auditoría de la deuda como el pueblo ha pedido en los pasados 5 años”, expresó, José González Taboada, CPA, catedrático de la UPR en Contabilidad y vice-presidente de la Comisión.
A su vez, la organización denunció que hacer un ejercicio de auditoria posterior a los planes de ajuste de la deuda no hace sentido, ya que uno de los objetivos de la auditoria es reconocer la legalidad y legitimidad de la deuda.
“La auditoría de la deuda es para asignar responsabilidad, pero también para identificar y levantar la evidencia necesaria sobre la legalidad y legitimidad de la deuda que hoy nos tiene en un tribunal federal de quiebra que amenaza los servicios esenciales y el pago de pensiones”, expresó Lcdo. Luis José Torres Asencio, presidente de la Comisión y profesor de derecho constitucional.
Otro de los reclamos de la Comisión fue el acceso a la información sobre la deuda. Según la organización, esta información dotará a los grupos ciudadanos de las herramientas necesarias para realizar su propia auditoría de la deuda.
“Es el pueblo de Puerto Rico a quién le toca pagar esta deuda, y somos los que menos acceso tenemos a los datos e información relacionada con ésta”, señaló Torres.
Según los portavoces de la Comisión, se han sometido solicitudes de información a AFFAF y a la AEE sobre la deuda pública que no han sido contestadas y que han requerido recurrir al Tribunal por la falta de transparencia del gobierno.
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