La Comisión Ciudadana para Auditar el Crédito Público estableció cinco principios básicos que deben guiar las tres medidas legislativas presentadas para  auditar la deuda pública.

Las piezas legislativas reavivarían la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, entidad fundada por virtud de la Ley Núm. 97-2015 y derogada por la Ley Núm. 22-2017.

“Ante las medidas radicadas para auditar la deuda, hemos decidido presentar cinco principios que debe satisfacer todo esfuerzo para auditar la deuda del país. Su elaboración es resultado de las experiencias de quienes participamos en la antigua Comisión Pública creada mediante la Ley Núm. 97-2015, junto a la reflexión de quienes integran actualmente la Comisión Ciudadana”, expresó José González Taboada, catedrático de contabilidad en la UPR y presidente de la Comisión Ciudadana.

Los principios básicos propuestos por la Comisión Ciudadana toman en consideración el alcance de la auditoría y enfatizan cuatro componentes que debe tener dicho proceso: financiero, cumplimiento, forense y rendimiento.

El grupo señaló que otro de los principios debe ser la independencia y gestión participativa de la ciudadanía en el proceso de nombramiento del personal que dirigirá los trabajos. “Los nombramientos deben ser transparentes y deben promover suficientes espacios para la participación ciudadana y discusión pública. Deben estar centrados en la preparación y compromiso inquebrantable con la necesidad de realizar una auditoría integral de la deuda”, señalaron hoy durante una conferencia de prensa.

La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público es la entidad ciudadana, no partidista, fundada por el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y compuesta por los integrantes del interés público que formaron parte de la Comisión Pública creada por la Ley Núm. 22-2017. El grupo de ciudadanos celebró las medidas legislativas y se puso a disposición de la Cámara, el Senado y el Ejecutivo para aportar en base a las experiencias obtenidas durante el tiempo de vida de la Comisión Pública.

“Celebramos las medidas legislativas propuestas por las distintas delegaciones y Fortaleza para llevar a cabo esta gestión tan necesaria. Nos referimos a la Resolución de la Cámara 63, Proyecto de la Cámara 457 y Proyecto del Senado 159, propuestas por las distintas delegaciones legislativas y el gobernador. Sin duda esto ha sido el resultado de la lucha de todo un pueblo y los distintos sectores organizados, que llevamos años en este reclamo. Sin embargo, entendemos que la auditoría de la deuda que nuestra isla, debe contener unos principios básicos”, añadió Roberto Pagán, sindicalista y pasado presidente de la Comisión Pública.

El grupo también destacó la necesidad de recursos económicos para realizar la auditoría. “Una auditoría integral de casi cincuenta años de transacciones gubernamentales requiere contar con un equipo de profesionales a tiempo completo con el peritaje necesario para la tarea asignada, la cual requiere muchísimas horas de revisión de documentos, entrevistas, análisis y redacción de informes”, expuso el licenciado Luis José Torres Asencio.

Además el colectivo señaló que el grupo que realice la auditoría debe tener poderes investigativos sustanciales y poder rendir informes a la ciudadanía para garantizar la transparencia y acceso a la información.Para los exintegrantes de la Comisión Pública, los trabajos y las vistas deber ser  públicas, grabadas, transmitidas en vivo y difundidas en el internet.

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