El Colegio de Abogados y Abogadas repudia el descargue y la aprobación del P. de la C. 1025 (antes P. del S. 923), por tratarse de un proceso inesperado, atropellado y profundamente antidemocrático.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico repudia enérgicamente el descargue y la aprobación a viva voz, en la Cámara de Representantes, del P. de la C. 1025 (antes P. del S. 923), por tratarse de un proceso inesperado, atropellado y profundamente antidemocrático.

Sobre un asunto de tan alta trascendencia jurídica y social, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes solicitó formalmente al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico la presentación de un memorial explicativo, concediendo como fecha límite de entrega el 3 de febrero de 2026. En atención a dicha solicitud, el Colegio organizó su análisis y su participación institucional conforme al proceso y al calendario comunicados por la propia Comisión, con el propósito de exponer su postura en relación con el Artículo 92 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, así como otros aspectos de alto impacto jurídico.

Precisamente en el día de ayer, y mientras el Colegio actuaba de buena fe conforme al curso de acción delineado por la Comisión de lo Jurídico, la Presidencia del Colegio, junto a abogadas y abogados colegiados, participó de una concurrida manifestación en los predios del Capitolio de Puerto Rico, en la que participaron diversas organizaciones de la sociedad civil. Dicha manifestación fue convocada por la organización Aborto Libre, con el fin de denunciar los riesgos de que este proyecto se convirtiera en ley y reiterar que, en Puerto Rico, el aborto continúa siendo legal.

Resulta profundamente incongruente que, el mismo día en que se realizaba dicha manifestación, y tan pronto inició la sesión legislativa de la tarde, el proyecto fuera descargado y aprobado a viva voz, sin explicación alguna y en abierta contradicción con el procedimiento y el calendario previamente comunicados por la Comisión de lo Jurídico. Este giro abrupto del proceso legislativo plantea serias interrogantes sobre la transparencia, la buena fe institucional y el respeto al diálogo democrático.

La aprobación expedita de este proyecto, sin que mediara la celebración de vistas públicas ni la apertura del espacio deliberativo que razonablemente se esperaba, a la luz de la solicitud formal de un memorial explicativo con fecha límite de entrega, no constituye un hecho aislado. Por el contrario, esta práctica legislativa, reiterada en medidas de alto impacto social y de derechos humanos, constituye una afrenta directa a la democracia, al vaciar de contenido el debate público y excluir deliberadamente voces fundamentales del proceso legislativo.

Desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico advertimos con profunda preocupación esta tendencia, que se activa cada vez que surgen múltiples voces de oposición frente a proyectos que implican claras violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

Por todo lo anterior, exhortamos a la gobernadora Jenniffer González Colón a vetar este proyecto, por innecesario y carente de justificación jurídica, tal como ella misma expresó al inicio de este accidentado proceso legislativo.


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