San Juan, Puerto  Rico / 22 de diciembre de 2025

Mediante su firma la gobernadora Jennifer González ha convertido en ley el Proyecto del Senado 504 que otorga personalidad jurídica al nasciturus, una decisión de profundas consecuencias jurídicas que impacta el derecho a la salud, el derecho de familia, las sucesiones, los derechos de las mujeres y la autonomía personal, sin que existiera un vacío legal que hiciera necesaria una intervención de tal magnitud. Con esta determinación, el ejecutivo, así como la rama legislativa, han claudicado en su rol como generadores de normas racionales, necesarias y ordenadas apoyadas por la ciencia, el derecho y las ciencias sociales, para privilegiar enfoques de carácter dogmático y religioso.

Frente a un proceso legislativo en opacidad y sin participación democrática, cuestionamos la necesidad y justificación de crear una nueva ley que, además de no considerar la posición del Departamento de Justicia y de decenas de profesores de Derecho, atenta contra la autonomía de las mujeres, particularmente cuando el derecho a la terminación de un embarazo sigue siendo legal en nuestro país. Más aún, afecta gravemente derechos en aspectos civiles, y derechos de naturaleza criminal, con consecuencias que no fueron evaluadas.

“En apenas un año se han aprobado leyes que no responden a necesidades reales del país y que, en su conjunto, debilitan el Estado de Derecho y restringen libertades ganadas tras luchas centenaria”, expresó la Presidenta del Colegio, licenciada Vivian Godineaux Villaronga.

“Iniciamos el presente año con la mal llamada Ley de Libertad Religiosa, presentada como Proyecto 1, una medida que, lejos de fortalecer la libertad de creencias —ya protegida constitucionalmente—, abre la puerta a la discriminación y a la negación de derechos en nombre de convicciones particulares, debilitando el principio de igualdad ante la ley, sin responder a una crisis real de libertad religiosa en Puerto Rico.

“De igual forma, recordemos que en días recientes se aprobó la Ley 143 que convierte en delito cualquier alegada “interrupción” de una actividad religiosa, utilizando un concepto terriblemente amplio y ambiguo que pone en riesgo el ejercicio legítimo del disenso, la expresión, y la paz, sin atender una problemática documentada que requiriera una restricción tan severa de derechos constitucionales.

“Es evidente que estas medidas no pueden analizarse de forma aislada. En su conjunto, reflejan un patrón preocupante de creación de problemas donde no los había, que termina justificando la reducción de derechos y alimentando discursos populistas que desatienden el rigor jurídico que exige el Estado de Derecho.

“En el 2026 nos espera un año de retos. Para el desarrollo del Derecho, la comunidad jurídica y el pueblo cuentan con el Colegio”, concluyó.

Sobre PRTQ

Todos los textos que se agrupan bajo esta firma son publicados por la redacción de PRTQ en colaboración con organizaciones, amigos o amigas de los movimientos comunitarios.

Sobre Comunicado de prensa